Un año cercenando el derecho a la salud

Hace un año y un día que el Gobierno central modificó la legislación para conseguir limitar el derecho al acceso a la salud de miles de personas. Publicamos íntegro el comunicado que la plataforma creada para denunciar estos hechos, en la que participa Cáritas entre otras organizaciones, hizo llegar a los medios.

"Hoy se cumple un año de la aparición en el BOE del real decreto 16/2012, medida que supone un primer paso para el cambio de modelo sanitario, pasando de la prestación universalizada al modelo de aseguramiento. Con este retroceso pasamos de ser “ciudadanos con Derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria” a ser considerados “asegurados y beneficiarios”. Esta ley es responsable de medidas como el copago y la limitación del acceso al sistema sanitario de las personas inmigrantes extracomunitarias sin permiso de residencia. Actualmente está siendo el colectivo inmigrante el que se está viendo excluido del sistema sanitario, pero este cambio de modelo nos afecta a todos y abre la posibilidad de que posteriormente sean excluidos otros colectivos.

Para justificar la exclusión sanitaria del colectivo inmigrante se han usado argumentos falsos que deben ser aclarados. El paciente inmigrante no es un “turista sanitario”, sino que es un ciudadano que convive con nosotros y está integrado en la sociedad canaria, siendo la sanidad uno de los elementos que asegura la cohesión social. El uso de los recursos sanitarios por parte de la población inmigrante es inferior al de la población autóctona (un 30% menos según datos oficiales). Los inmigrantes están contribuyendo a la Sanidad por el hecho de residir aquí y consumir, ya que están pagando impuestos indirectos (IGIC) e impuestos especiales.

Esta exclusión se ceba actualmente con uno de los colectivos más vulnerables y nos parece inadmisible porque violenta el mínimo sentido ético y solidario en el que se han de asentar las sociedades democráticas. Además el pueblo canario está sensibilizado con el fenómeno de la migración, ya sea por nuestros antepasados que emigraron a Latinoamérica o por las pocas millas que nos separan del continente vecino.

Numerosas sociedades científicas y organizaciones colegiales han rechazado esta ley porque atenta contra la ética médica y la salud pública, y además han advertido que no es una medida eficiente. La atención que se realizaba antes de la aplicación de la ley garantizaba el control sanitario de toda la población y se fundamentaba en la prevención. Es evidente que mantener a un paciente diabético o hipertenso controlado resulta más barato y, sobre todo, menos peligroso para su salud, que dejar que se produzcan complicaciones graves.

Este decreto atenta contra leyes nacionales e internacionales como la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional ha avalado la atención sanitaria universal y ha afirmado que la importancia de mantener el derecho a la salud y a la integridad física de las personas no puede verse desvirtuado “por la mera consideración de un eventual ahorro económico” que ni siquiera se ha concretado. Aunque la norma es de ámbito estatal, su aplicación depende de las comunidades autónomas, a quienes están transferidos los servicios de salud. De esta forma existen comunidades, como el País Vasco y Andalucía, que siguen asegurando una atención normalizada a todos los ciudadanos.

La indefinición de la Consejería de Sanidad Canaria sobre la forma de aplicar esta medida en Canarias ha creado gran confusión entre usuarios y profesionales. En octubre se le retiró la tarjeta sanitaria a 52.229 pacientes inmigrantes, los cuales ya no pueden pedir cita con su médico o enfermera, aunque aún disponen de historial clínico informatizado. El Servicio Canario de Salud aprobó en diciembre un “programa de salud” que pretendía ofrecer atención sanitaria previa solicitud de una tarjeta especial, pero está resultando en la práctica inútil dado que los documentos solicitados son, en la mayor parte de los casos, imposibles de obtener. Además esta tarjeta especial no contempla ninguna cobertura de fármacos, ni siquiera en las enfermedades crónicas graves. El personal sanitario está mostrando su preocupación porque estas barreras administrativas están dejando a muchos de sus pacientes excluidos de los centros sanitarios. Los médicos están encontrado grandes dificultades para poder ofrecer una atención adecuada a estos pacientes a la hora de darles cita, solicitar pruebas complementarias, derivar al hospital o prescribir el tratamiento. Las ONGs han constatado numerosos casos de desatención sanitaria en nuestras islas, existiendo incluso casos en los que según el real decreto deben ser atendidos como son niños, embarazadas y urgencias. Advierten que las facturaciones en los servicios de urgencias son frecuentes y que esto crea un efecto disuasorio que hace que los pacientes consulten cuando sus patologías ya están evolucionadas.

Estas y otras razones hacen necesaria una oposición radical a la aplicación y desarrollo de una reforma sanitaria legal y éticamente rechazable, que discrimina a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y pone en peligro el Derecho a la Salud que tenemos todos. Desde las organizaciones convocantes le pedimos a la Consejería de Sanidad Canaria que establezca los mecanismos que garanticen de una manera real una atención en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos. Confiamos en que el Gobierno de Canarias escuche finalmente la preocupación de los profesionales sanitarios y ciudadanos, y adopte decisiones valientes para que el Derecho Universal a la Salud vuelva a ser una realidad en Canarias.

Al mismo tiempo invitamos a todas las personas y colectivos sociales a un ACTO DE CALLE con el lema “POR EL DERECHO UNIVERSAL A LA SALUD” el próximo viernes 26 de Abril a las 18:30 en el Parque San Telmo. Entre todos defenderemos la Sanidad Pública, Universal, Incluyente y de Calidad. Porque la solidaridad y la defensa de nuestros derechos es ahora más necesaria que nunca."

 

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