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17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

Áreas y Proyectos Diocesanos - Área Internacional

Manifiesto de la Plataforma Pobreza Cero Canarias

COVID-19 y Objetivos Mundiales. Salvarnos todas y todos.

La pandemia del coronavirus nos ha mostrado un nuevo mundo: uno en el que el statu quo ya no existe. Actualmente, millones de personas padecen un inmenso sufrimiento a causa de un virus que agobia nuestros cuerpos y nuestras economías. Afecta sin distinción a personas ricas y pobres obligándonos a replantearnos casi todos los aspectos de nuestros modos de vida, pero sus consecuencias siguen recayendo con mayor crudeza sobre las poblaciones y colectivos más pobres y vulnerables del planeta.

Somos conscientes de que las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19 apenas están comenzando a sentirse. El PNUD estima que el desarrollo humano global -la medida combinada de los niveles de educación, salud y calidad de vida- va camino de retroceder este año por primera vez desde que comenzó a calcularse en 1990.

La pandemia presenta un enorme desafío y acrecienta el reto de hacer realidad la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los ODS son una hoja de ruta para la humanidad, abarcan prácticamente todos los aspectos del bienestar de las personas y del planeta y, de alcanzarlos, permitirán que todas las personas llevemos una vida estable, próspera y saludable.

Este año, los ODS han recibido un duro golpe, uno que tendrá grandes repercusiones durante los próximos años reforzando nuestra convicción en lo que es inherente a la formulación de estos: los desafíos que enfrentamos no pueden superarse de manera aislada.

Según evaluaciones socioeconómicas por parte de Naciones Unidas, basadas en las conclusiones de los informes de más de 70 países y cinco regiones, pese a estar transitando las primeras etapas de la pandemia, la mayoría de los países en desarrollo ya afrontan sus efectos negativos.

Según informe de Oxfam de abril de este año, el coronavirus podría sumir en la pobreza a 500 millones de personas (entre el 6% y el 8% de la población mundial) si no se toman medidas urgentes para rescatar a los países en desarrollo. Esto podría suponer un retroceso de una década en la lucha contra la pobreza, y de hasta 30 años en algunas regiones, como África subsahariana, Oriente Próximo y el Norte de África. A corto plazo la mitad de la población mundial podría vivir en condiciones de pobreza tras la pandemia.

Por ello debe prevalecer un sentido de urgencia en la protección y defensa de los DDHH. Especialmente de las mujeres ya que al estar en la primera línea de la respuesta al coronavirus tienen más probabilidades de ser las más perjudicadas económicamente. Las mujeres constituyen el 70% de la fuerza laboral en el sector de la salud en el mundo, y se ocupan del 75% del trabajo de cuidados no remunerado, lo que incluye el cuidado de los hijos e hijas, de las personas enfermas y de las personas mayores. A su vez, tienen más probabilidades de tener empleos precarios y mal remunerados, que son los más amenazados por la crisis.

Las personas de edad no sólo sufren mayores riesgos de salud, sino que también suelen ser menos capaces de mantenerse por sí mismas en una situación de aislamiento. Las personas sin hogar, que tal vez no puedan tener un lugar seguro donde quedarse, estando altamente expuestas al peligro del virus. Las personas con discapacidad corren el riesgo de quedarse sin apoyo vital y servicios debido al distanciamiento social.

Las personas migrantes, desplazadas, refugiadas, en centros penitenciarios y en centros de detención de migrantes deben ser consideradas de máxima vulnerabilidad por lo que su atención, diagnóstico, tratamiento y vacunas tienen que ser accesibles para ellos garantizando su máxima protección y seguridad. Y la Infancia que suele ser la gran olvidada en la elaboración de políticas y planes de protección y promoción de derechos. Desde el acceso a una Educación sin barreras hasta la participación en los análisis de la realidad y la formulación de alternativas.

Por tanto, en defensa de la justicia y la Solidaridad Internacional pedimos y exigimos:

1. Que se estimule la economía y promocione la demanda de mano de obra utilizando las herramientas fiscales y monetarias disponibles y el alivio de la deuda. Con una mayor inversión pública en los sistemas sanitarios como contribución crucial para vencer la pandemia y crear empleos decentes.

2. Que nuestros gobiernos reclamen en Europa y en el mundo el cumplimiento de los acuerdos internacionales que defienden los Derechos Humanos y los Derechos Sociales para la vida digna de todas las personas, sobre todo de las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

3. Que el gobierno estatal y autonómico luchen contra la discriminación, el odio, la aporofobia y el racismo creciente en esta crisis poniendo en peligro libertades y derechos fundamentales.

4. Que la justicia fiscal se aplique de manera rigurosa y justa para garantizar su rédito social. En 2015, las multinacionales trasladaron aproximadamente el 40 por ciento de sus beneficios a paraísos fiscales, mientras que los tipos del impuesto de sociedades a nivel mundial han caído de una media del 40,38 por ciento en 1980 al 24,18 por ciento en 2019.

5. Que nuestras Administraciones Públicas canarias presionen a la ONU para que declare un derecho humano fundamental, el establecimiento de un ingreso mínimo e incondicional ya que el trabajo asalariado, cada vez más escaso y peor remunerado, es la única escapatoria de la pobreza para millones de personas.

6. Que se apoye a las organizaciones de Desarrollo, partícipes indispensables en la lucha contra la pobreza, actores de primera línea en crisis sanitarias y en la atención a la población frente a catástrofes, conflictos bélicos, y/o en el apoyo a personas desplazadas y refugiadas. Para lo que es preciso formular y perseguir el objetivo de llegar, como mínimo al 0,4% de los presupuestos consolidados del Gobierno de Canarias a la Ayuda Oficial al Desarrollo para esta legislatura.

7. Que se inicien acciones de carácter urgente para la protección y defensa de los Derechos de la Infancia, especialmente aquellas encaminadas a reducir la brecha digital y las dificultades actuales de acceso a la Educación presencial.

8. Que no se deje de lado, por esta crisis, la deficiente respuesta mundial ante las emergencias climáticas y relacionadas con la biodiversidad. A pesar de comprometerse a mantener el aumento de la temperatura mundial en 1,5 °C, el mundo continúa por la peligrosa senda de los 3 °C. Todo ello sigue conduciendo a una importante pérdida de vidas y de medios de subsistencia de manera desproporcionada en los más pobres y vulnerables.

9. Que las Administraciones Públicas favorezcan e impulsen la participación ciudadana y la democracia participativa adaptadas al nuevo escenario, así como el desarrollo de alternativas económicas y sociales, el consumo responsable, el comercio justo y la educación para una ciudadanía global e inclusiva.

Con las medidas adecuadas, la pandemia de COVID-19 puede suponer un renacimiento social, centrado en garantizar a las generaciones presentes y futuras un mundo más justo y amable. La primera debe ser una responsabilidad política transparente y una responsabilidad social e individual por la que todos los agentes —los gobiernos, el mundo académico, las empresas, las empleadoras y las organizaciones de trabajadores/as, las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades y la ciudadanía— actúen de manera solidaria en formas nuevas, creativas y conscientes por el bien común basadas en los valores solidarios como herramienta fundamental para que un mundo mejor sea posible.

 
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