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Manifiesto de la Plataforma Pobreza Cero. 17 de octubre. Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, más de 800 millones de personas viven en el mundo con menos de 1'25 dólares al día. En España, el 26'6% de la población vive en riesgo de pobreza y exclusión social y en Canarias esa cifra asciende al 44'6% de la población, siendo así la comunidad autónoma española peor situada. En cuanto a pobreza infantil, el 41'6% de los menores está en riesgo de pobreza y exclusión social en Canarias, cifra que sobrepasa en diez puntos a la media nacional y que sólo es superada por Ceuta.

La pobreza es, en cada rincón del mundo, una realidad más que constatable, algo que contrasta con una economía mundial que no para de crecer y caracterizada por un desarrollo tecnológico y financiero sin precedentes. En este contexto, los datos acerca de la pobreza mundial solo pueden significar una cosa: hay una enorme cantidad de personas que se están quedando atrás, demostrando que el modelo de crecimiento actual, respaldado por tantos gobiernos y multinacionales, no sólo no contribuye a la erradicación de la pobreza, sino que además la perpetúa.

Con el fin de revertir esta tendencia, surgía hace tres años la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que la erradicación de la pobreza se erigía como el objetivo principal. Hoy, con la recesión económica superada, aunque no sus consecuencias sociales, vemos necesario dar un mayor impulso a esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como un elemento inseparable de cualquier institución pública, con el fin de que las políticas sociales y redistributivas dejen de ser una herramienta exclusiva de los períodos de bonanza y se conviertan en una constante en el programa de cualquier partido político.

Sería, sin embargo, un ejercicio demasiado simplista ver la pobreza sólo como una cuestión económica y no como un fenómeno multidimensional y que comprende, además, la falta de capacidades para vivir con dignidad. La pobreza es también la ausencia de derechos humanos, de libertades civiles, de acceso a los recursos naturales o a un medioambiente limpio. La pobreza es la que sufren los millones de personas que huyen de la guerra o las que son privadas de participar en unas elecciones. Es por ello que el trabajo de las instituciones públicas no puede ser independiente a estas problemáticas y debe colaborar con los pueblos que carecen de unas condiciones de vida digna, así como condenar a los que impiden el desarrollo de sus libertades. Las Administraciones Públicas deben adoptar todas las medidas posibles para poner en marcha la agenda 2030, en coherencia con los derechos humanos y encaminándose hacia su cumplimiento.

Cabe recordar que la desigualdad no solo es expresada en términos geográficos, con regiones del mundo más privilegiadas que otras, sino también en términos de género, etnia, religión y condición sexual. A nivel mundial, la pobreza tiene, sobre todo, rostro de mujer, víctimas de una enorme dificultad para acceder a la educación, el trabajo y la propiedad. Sin ir más lejos, en Canarias los salarios percibidos por mujeres son significativamente inferiores a los percibidos por los hombres y en ellas sigue recayendo la carga del hogar y la familia. Es, por ello, necesario avanzar desde las instituciones en una legislación que condene la discriminación laboral por género y que incentive la corresponsabilidad familiar. Todo esto, sin olvidar la pobreza que sigue yendo de las manos de otros colectivos, como el migrante o el LGTB, para los que sigue resultando necesario la construcción de una sociedad diversa e inclusiva.

Cuando nos referimos a pobreza y desigualdad, no podemos dejar de hablar de un fenómeno tan cercano a este archipiélago como el de la migración. En 2017, la cifra de inmigrantes llegados a España dobló la del año anterior y, en lo que llevamos de 2018, esta tendencia parece repetirse. El hecho de que tantos millones de personas abandonen sus hogares cada año no es más que un síntoma de que el mundo es profundamente desigual. Llegan a nuestra casa quienes huyen del hambre y la desnutrición pero también quienes huyen de la guerra, las violaciones de derechos humanos o las catástrofes naturales, fruto de un medioambiente cada vez más deteriorado por nuestro modelo de crecimiento. Ante casos como estos, la lucha contra la migración no está en las fronteras, sino, una vez más, en las políticas de desarrollo hacia los países emisores, pero siempre desde el respeto y la integración plena de los que llegan. En este sentido, no solo es importante cuánto se destina a la Ayuda Oficial al desarrollo, sino también el cómo. No olvidemos que la ayuda ha de desligarse de los intereses de cualquier Estado, debe estar destinada a aquellos países que más lo necesiten y evitar crear relaciones de dependencia o deudas eternas de los estados del sur para con los estados del norte. Todo esto no quita que la migración y el refugio deba ser contemplado como un derecho y que los estados y la sociedad civil deban trabajar para garantizarlo.

A modo de conclusión, en el actual contexto de post-crisis financiera, tras un importante desmantelamiento de las políticas sociales, vemos necesario un replanteamiento de la política internacional, nacional y local en esta dirección, con el objetivo de recuperar el camino iniciado en los años anteriores a la recesión económica y apostar por un crecimiento estable, duradero, equitativo y, en definitiva, sostenible.

Conseguir la erradicación de la pobreza es el objetivo número uno de la Agenda 2030, pero éste no sería posible sin los 16 objetivos subsiguientes. La pobreza, tal como se ha expuesto en este manifiesto, es producto de múltiples factores, y erradicarla es responsabilidad de todas las personas que habitamos este planeta, así como la construcción de un modelo de desarrollo que no comprometa a las generaciones futuras y que no vuelva a dejar a nadie más atrás.

 
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